El Poder Judicial de Nuevo León tomó el control del Instituto de la Defensoría Pública tras múltiples ocasiones en que le impidieron ejecutar la acción, lo que representa un golpe a la administración del Gobernador Samuel García. El PJ aplicó reformas aprobadas por el Congreso local, donde el PRI y el PAN son mayoría, y luego de resoluciones de un Tribunal Colegiado. Las reformas al Artículo 17 de la Constitución fueron aprobadas el 22 de febrero para que el organismo pasara al PJ.

El Colegiado argumentó que se busca evitar la afectación a un servicio público que da orientación, asesoría y patrocinios legales y gratuitos, especialmente a personas de escasos recursos. Luis García Alcántara fue designado como nuevo titular del Instituto y encabezó el proceso de notificación, aseguramiento y entrega de las instalaciones con apoyo policiaco en la sede de la Defensoría, en el Centro de Monterrey.

El Secretario General de Gobierno, Javier Navarro, acusó «engaños» de Salinas para ocupar el Instituto y afirmó que el Estado luchará por la vía legal para recuperar su control y restituir al ahora ex titular, Reynaldo Cantú. Navarro calificó la medida como «un botín para el PRIAN» y acusó engaños de Salinas para tomar el Instituto. Dijo que el PJ inventó un cateo para poder notificar al director y engañó al juez para obtener una orden de restricción contra Cantú.

En conclusión, el Poder Judicial de Nuevo León tomó el control del Instituto de la Defensoría Pública con el objetivo de evitar la afectación a un servicio público que da orientación, asesoría y patrocinios legales y gratuitos, especialmente a personas de escasos recursos.

El nombramiento de Luis García Alcántara como nuevo titular del Instituto y el proceso de notificación, aseguramiento y entrega de las instalaciones con apoyo policiaco en la sede de la Defensoría, en el Centro de Monterrey, fue realizado el día de ayer. La medida ha generado polémica y acusaciones por parte del Secretario General de Gobierno, Javier Navarro, quien acusó engaños por parte del PJ y afirmó que el Estado luchará por la vía legal para recuperar el control del Instituto.