La diputada Iraís Reyes de Movimiento Ciudadano presentó un Punto de Acuerdo para exhortar a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a atender las denuncias interpuestas por vecinos de la Col. San Jemo y San Jerónimo relacionadas con las actividades de desmonte en el Cerro de las Águilas, ubicado en el sector San Jerónimo en el Municipio de Monterrey. La zona es jurídicamente no urbanizable de acuerdo con la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Nuevo León.

A pesar de las suspensiones efectuadas por el Municipio de Monterrey y la Secretaría de Medio Ambiente del Estado, una empresa constructora continúa realizando labores de tala y desmonte en el Cerro de las Águilas para llevar a cabo el complejo habitacional mixto denominado San Jemo 360°, en una zona donde la construcción de viviendas está prohibida por la ley.

La diputada comentó que los vecinos realizaron denuncias desde mayo del 2022 ante la PROFEPA, pero la respuesta del órgano fue insatisfactoria. A través de un oficio, la PROFEPA informó que las labores de tala y desmonte concluyeron el pasado 13 de mayo del 2022 con la presentación del aviso correspondiente, pero la empresa constructora continúa con las actividades. Por ello, la Diputada Reyes solicita a la PROFEPA que realice de nueva cuenta acciones de inspección y vigilancia en el predio y aplique los procedimientos administrativos de sanción correspondientes por las actividades de remoción de vegetación posteriores al 13 de mayo del 2022. Además, pide a la SEMARNAT que inicie una investigación en materia de responsabilidad administrativa por la omisión al cumplimiento a las atribuciones de inspección y vigilancia y que se abstenga de emitir nuevas autorizaciones al proyecto.

Los vecinos y el colectivo Salva tu Cerro han documentado la actividad de la constructora con fotos y videos. La Presidenta del Comité de Vecinos de la Colonia San Jemo, Verónica Plazas, hizo un llamado a la PROFEPA para que recapacite su resolución y se garantice la seguridad de los vecinos. La diputada comentó que este no es un tema de comodidad de vecinos, sino de seguridad y salud de los patrimonios. En el Punto de Acuerdo presentado se solicita a la Fiscalía General de la República que realice también una investigación penal.