La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó el decreto de reformas a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que comprenden la primera parte del plan B, debido a los vicios en el proceso legislativo. La decisión se tomó con 9 votos a favor y dos en contra. El ministro Alberto Pérez Dayán argumentó que el decreto transgrede la Constitución Política y no respetó los reglamentos de ambas cámaras, ni fue resultado del debate entre las fuerzas partidistas.

Los ministros Luis María Aguilar Morales y Arturo Zaldívar señalaron que los yerros en los que incurrieron los legisladores, propiciaron que la aprobación del decreto pervirtiera las reglas democráticas y que tuviera un efecto corruptor. A su vez, las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Alhf externaron su rechazo al proyecto, argumentando que no hubo infracciones en el proceso legislativo.

La ministra Margarita Ríos Farjat enfatizó que la Suprema Corte está para servir a la sociedad haciendo cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen. Ríos Farjat señaló que las decisiones de la Corte pueden gustar o disgustar, pero es fundamental hacer cumplir la Constitución para fortalecer el pluralismo de nuestra nación. Por su parte, la presidenta de la Corte, Norma Piña Hernández, destacó que México es una democracia constitucional y que las decisiones deben ser tomadas mediante procedimientos democráticos de tipo deliberativo.

En resumen, la invalidación del decreto de reformas a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se debió a los vicios en el proceso legislativo. La decisión se tomó con 9 votos a favor y dos en contra. Mientras algunos ministros argumentaron que la aprobación del decreto pervirtió las reglas democráticas y tuvo un efecto corruptor, otras señalaron que no hubo infracciones en el proceso legislativo. En última instancia, se destacó que México es una democracia constitucional y que las decisiones deben ser tomadas mediante procedimientos democráticos de tipo deliberativo.