La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá la validez del llamado “Plan B” en materia electoral la próxima semana. La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) ha subrayado que si se invalida el proceso legislativo con el que se avalaron las reformas, la Corte estaría sustituyendo al Congreso de la Unión y violando el principio de división de poderes. La CJEF defiende que debe prevalecer el fondo sobre la forma, tal y como prescribe el artículo 17 constitucional, criterio que fue utilizado por la SCJN en el pasado.

La CJEF también ha afirmado que existe una doble vara de medir por parte de la Corte, puesto que se han tardado cinco años en dictar sentencia sobre las leyes del régimen neoliberal, mientras que las normas legítimamente expedidas por la soberanía popular se resolverían en tres meses. En el proyecto de sentencia de la acción de inconstitucionalidad 29/2023, el ministro instructor propone anular la totalidad del decreto por el que se reforman las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas. La CJEF considera que el ministro es omiso en dar cumplimiento al artículo 17 constitucional y omite examinar la dispensa de trámite, atribución reglamentada de los legisladores, que los faculta para someter un asunto a discusión y votación durante una sesión sin pasar por comisiones.

En resumen, la CJEF ha defendido que la SCJN no debe restringir las atribuciones que la norma fundamental concede al Poder Legislativo para regular el trámite de elaboración de las normas. Asimismo, ha argumentado que debe prevalecer el fondo sobre la forma y que existe una doble vara de medir por parte de la Corte. Por otro lado, ha cuestionado el proyecto de sentencia de la acción de inconstitucionalidad 29/2023 y ha afirmado que el ministro instructor es omiso en dar cumplimiento al artículo 17 constitucional y omite examinar la dispensa de trámite, atribución reglamentada de los legisladores.