Anoche, el director Jurídico del Congreso de Nuevo León, Ricardo Flores, fue asesinado en unas canchas de fútbol en San Nicolás. El hecho ha generado una serie de acusaciones por parte de legisladores locales y federales del PAN y PRI, así como líderes estatales de ambos partidos y alcaldes de varios municipios.

En una rueda de prensa conjunta, culparon al Gobernador Samuel García de fomentar un clima de persecución y violencia hacia aquellos que no comparten sus puntos de vista. Carlos de la Fuente, líder de la fracción del PAN, denunció presiones, amenazas y campañas de desprestigio contra los legisladores que se negaron a apoyar aumentos en servicios públicos. Además, exigen que cesen las persecuciones políticas y se esclarezca el asesinato de Ricardo Flores.

Los legisladores afectados señalaron que la violencia política ha ido en aumento en Nuevo León, y culparon directamente al Gobernador por generar un ambiente hostil hacia aquellos que no comparten su ideología política.

Desde hace más de un año, afirman haber sido objeto de presiones y amenazas por parte del Gobierno, así como acoso a través de diversas instancias estatales. También se denunció una campaña de desprestigio en medios financiada por empresas factureras operadas por el ex director de Comunicación Social estatal. Los legisladores destacaron que el asesinato de Ricardo Flores representa un ataque directo a todos los nuevoleoneses y exigieron resultados concretos por parte de la Fiscalía General de Justicia para esclarecer el crimen.

Además de las acusaciones de persecución política, se reveló que al menos dos actores políticos han detectado dispositivos GPS en sus vehículos, lo que, según ellos, forma parte de la estrategia de seguimiento y espionaje orquestada desde el Gobierno estatal.

También se denunció que cuentas bancarias de varios «actores políticos» fueron congeladas por investigaciones ordenadas desde el Gobierno, sin previo aviso ni garantía de audiencia. En una denuncia aún más preocupante, se informó que incluso droga ha sido enviada a nombre de algunos legisladores por paquetería desde la Ciudad de México. Los afectados expresaron su indignación ante estos hechos y exigieron que cesen estas prácticas ilegales y violatorias de los derechos humanos.

El asesinato de Ricardo Flores ha sacudido a Nuevo León y ha dejado al descubierto una serie de acusaciones de persecución política y violencia hacia legisladores que no comparten la ideología del Gobernador.