Monterrey.- La diputada Claudia Tapia Castelo presentó hoy en la oficialía de partes del Congreso local una iniciativa con el objetivo de eliminar los delitos de calumnia y difamación en el Estado de Nuevo León.

La propuesta se sustenta en criterios adoptados por la Suprema Corte de Justicia, que ha declarado la inconstitucionalidad de estos delitos, priorizando el derecho fundamental a la libertad de expresión sobre la protección del honor individual.

Tapia Castelo argumentó que la libertad de expresión es el fundamento esencial de un estado democrático sólido, ya que garantiza la participación ciudadana y el intercambio de ideas. La iniciativa busca derogar varios artículos del Código Penal para el Estado de Nuevo León, con el fin de fortalecer la protección a periodistas y víctimas de violencia de género, eliminando así herramientas que coartan el derecho humano a la libertad de expresión.

La legisladora destacó la importancia de entender que la libertad de expresión no se limita solo a la manifestación de pensamientos y opiniones, sino también al acceso a la información, permitiendo a los ciudadanos formarse sus propias opiniones y hacer preguntas cruciales.

En referencia a la situación actual en Nuevo León, Tapia Castelo señaló que la persistencia de la persecución por difamación y calumnia, evidenciada por las 899 denuncias por difamación y 29 por calumnias en lo que va del año, demuestra que se utiliza este tipo penal para restringir la libertad de expresión. Además, resaltó que en casos de violencia contra las mujeres, estas disposiciones pueden ser utilizadas para desestimar denuncias.

La diputada concluyó que la derogación de estos artículos busca fortalecer el ordenamiento legal en materia de protección a periodistas y víctimas de violencia de género, eliminando la posibilidad de litigios que puedan ser utilizados para amedrentar y coartar el derecho fundamental a la libertad de expresión.

La propuesta de ley planteada por Claudia Tapia Castelo se ajusta a los principios de un estado democrático maduro, donde la libertad de expresión no solo es un derecho humano, sino un principio vital para la transparencia, la rendición de cuentas y la vitalidad del debate público, elementos fundamentales para una sociedad libre y justa.