Local. – El día de hoy, una denuncia pública vía correo electrónico dirigida a los medios de comunicación reveló diversas acusaciones contra Sergio Gerardo García Martínez, funcionario a cargo del despacho de la Dirección de Control y Supervisión de Empresas y Servicios de Seguridad Privada en el Estado de Nuevo León.

Ante esta situación, se acudió a la calle Jardón en el barrio antiguo, donde se encuentra ubicado el despacho, para solicitar la postura de García Martínez, quien evadió a los medios que buscaban obtener respuestas sobre las acusaciones presentadas por empresas agraviadas.

Según representantes de empresas del sector de Seguridad Privada, han denunciado la existencia de una presunta red de extorsiones y abuso de autoridad liderada supuestamente por Sergio Gerardo García Rodríguez. Esta dependencia, encargada de supervisar y regular las actividades de las empresas y servicios de seguridad privada, opera bajo la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Nuevo León, bajo la dirección del secretario Gerardo Palacios Pamanes.

De acuerdo con la carta abierta difundida en redes sociales, las empresas afectadas se quejan de que se les exige grandes sumas de dinero para renovar sus permisos de operación o para ser acreditadas como prestadoras de servicios.

«Nosotros como empresa no quisimos ser estafados ni caer en sobornos ni extorsiones por parte de los subordinados de Sergio Gerardo García Rodríguez, ya que sus empleados han querido a varias empresas pedirnos ‘moche’ para darnos permisos para nuestras empresas de seguridad», se menciona en la denuncia.

Además, se señala que Sergio Gerardo García Martínez presuntamente solicitó dinero a otras empresas del mismo sector, utilizando amenazas y argumentos infundados para presionar a las empresas a cumplir con sus demandas. La denuncia también destaca la presencia del sobrino de García Martínez, Melchor García, quien supuestamente dirige a los subordinados para solicitar sobornos y extorsionar a las empresas.

Estas acusaciones han generado un profundo malestar entre las empresas afectadas, quienes planean enviar oficios al secretario Gerardo Palacios Pamanes exigiendo el cese de este tipo de conductas por parte de funcionarios públicos.