Monterrey, N.L.- Un matrimonio de la tercera edad ha pasado la última década luchando por recuperar dos terrenos de más de 112 hectáreas en Montemorelos, tras ser víctimas de un presunto fraude perpetrado por Filiberto Alan De la Garza Marroquín, sobrino de Adrián De la Garza, candidato a la alcaldía de Monterrey por la Alianza Fuerza y Corazón por Nuevo León.

Según denunció Pedro Cerón Solana, abogado del matrimonio afectado, el despojo se consumó en diciembre de 2012 a través de una serie de triangulaciones y la presunta complicidad de notarios públicos y funcionarios del Poder Judicial de Nuevo León. Los terrenos, ubicados en el Alto del Coyote, fueron vendidos inicialmente por Jesús Lozano y María de Jesús Araujo a Edgar Adrián Vázquez Cepeda por 15.2 millones de pesos. Sin embargo, el cheque entregado por Vázquez Cepeda resultó sin fondos.

Cerón Solana relató que, durante la firma de la compraventa en la Notaría de Pablo Quiroga González, el matrimonio fue inducido a firmar un poder irrevocable bajo manipulaciones. Al intentar detener la transacción, el notario se negó argumentando la existencia de dicho poder.

Pese a presentar denuncias ante el Colegio de Notarios y enfrentar múltiples trabas en los juzgados locales, los terrenos cambiaron de manos varias veces. Vázquez Cepeda, mediante otra notaría en Montemorelos, transfirió los predios a Juan Manuel Berlanga Moreno, quien posteriormente se los vendió de nuevo a Vázquez Cepeda por apenas 1.5 millones de pesos.

Finalmente, tras más triangulaciones, los terrenos terminaron a nombre de Filiberto Alan De la Garza Marroquín. Aunque el caso se encuentra en un Tribunal Colegiado, los juzgados locales han fallado en contra de los demandantes, alegando falta de pruebas para anular la escritura.

El abogado Cerón Solana subrayó que la red de corrupción implicada podría extenderse más allá de Vázquez Cepeda, sugiriendo un modus operandi destinado a apropiarse de terrenos en Nuevo León. Además, reveló que, recientemente, el abogado de Vázquez Cepeda ofreció un arreglo extrajudicial por 10 millones de pesos, cifra que rechazaron al ser menor que el valor original de los terrenos hace una década.

El caso sigue en litigio, con el matrimonio Lozano-Araujo buscando justicia y la restitución de sus propiedades.