Monterrey, N.L.- En busca de preservar los mecanismos de defensa ciudadana ante posibles abusos de poder público, abogados y juristas han propuesto una revisión integral de los juicios políticos en el estado de Nuevo León.

Durante un Conversatorio sobre Juicios Políticos, al que asistió el Secretario de Gobierno, Javier Navarro, el presidente del Colegio de Abogados de Monterrey, David Rodríguez Calderón, destacó la necesidad de redefinir la procedencia y aplicación de estos juicios. En el evento, que contó con la participación de representantes de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados, se discutió la importancia de garantizar la transparencia y la imparcialidad en el proceso.

Rodríguez Calderón señaló la importancia de la participación activa de la comunidad jurídica en estos debates, lamentando la ausencia de representantes del gobierno y del Congreso en el evento. Sin embargo, afirmó que continuarán organizando foros para abordar este tema crucial para la sociedad.

En el panel, expertos constitucionalistas analizaron los aspectos clave de los juicios políticos y respondieron a las preguntas planteadas por los asistentes.

Por su parte, el secretario General de Gobierno, Javier Navarro, cuestionó el proceder de los diputados locales en la aplicación de los juicios políticos, señalando un posible conflicto de intereses debido a su afiliación partidista. Navarro expresó su preocupación por la politización de estos procesos, especialmente en casos donde se han obstruido intentos legales de iniciar juicios políticos contra funcionarios, como el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Arturo Salinas Salinas.

Según Navarro, se ha tergiversado el propósito original de los juicios políticos, ya que diputados locales han bloqueado iniciativas para investigar presuntas violaciones constitucionales y éticas por parte de funcionarios públicos.

En conclusión, los abogados y juristas convocados al Conversatorio sobre Juicios Políticos destacaron la urgencia de reformar estos procesos para garantizar su efectividad como instrumentos de rendición de cuentas y protección de los derechos ciudadanos frente al poder público.