Monterrey, N.L- Este lunes, el Diputado local del PRI, Javier Caballero Gaona, presentó una propuesta que fue aprobada por unanimidad en el Congreso del Estado. El exhorto va dirigido a Agua y Drenaje de Monterrey (AYD) para que aplique de inmediato un nuevo esquema de tarifas en los municipios rurales, mismo que debió entrar en vigor el pasado 25 de junio.

La iniciativa de Caballero Gaona, aprobada por el Consejo de Administración de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey en el acta número 553, establece un cambio en el sistema de cobro para las áreas no metropolitanas. Hasta ahora, se cobraba por metro cuadrado de terreno, lo que generaba pagos desproporcionados en terrenos de grandes extensiones. “Desde 2010 se cobraba por metro cuadrado en predios de municipios no metropolitanos con extensiones de 500, 800 o 1,200 metros cuadrados, lo que significaba pagos de hasta 100 mil pesos, algo impagable para muchas familias”, explicó el legislador.

Con el nuevo esquema, las familias de municipios rurales podrán autodeclarar su consumo mensual de agua, estimando entre 5 y 10 metros cúbicos, lo que resultará en pagos significativamente menores, de entre 5 mil y 10 mil pesos. Este cambio es visto como un alivio para los residentes de estas áreas que enfrentan dificultades económicas.

Caballero subrayó la importancia de garantizar tarifas justas y sustentables para los servicios de agua, especialmente en zonas vulnerables donde la infraestructura es limitada. «El Estado debe asegurar el acceso al agua como un derecho básico, y eso incluye garantizar que las tarifas sean accesibles para todos los ciudadanos, sin importar su situación económica«, afirmó.

Asimismo, el Diputado urgió al Director de Agua y Drenaje a realizar campañas informativas, tanto en redes sociales como en medios de comunicación, para que los ciudadanos de los municipios rurales conozcan los beneficios de la nueva tarifa y puedan acceder a ellas.

En su intervención, Caballero también mencionó la necesidad de equilibrar la eficiencia económica del cobro con una dimensión de equidad social, asegurando que ninguna persona o grupo sea privado del acceso al agua potable por razones económicas. «El derecho al agua es fundamental, y su acceso no debe depender de la capacidad de pago de los usuarios«, concluyó.