Monterrey, N.L- Ante la falta de respuesta a sus demandas de justicia, integrantes del Ejido San Nicolás ha anunciado la intensificación de sus protestas contra el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 20, exigiendo el cumplimiento de las sentencias emitidas a su favor. Estos ejidatarios, que temen ser desplazados de sus tierras ubicadas en el municipio de General Escobedo, han realizado diversas manifestaciones pacíficas en las últimas semanas, exigiendo respeto a sus derechos sobre la propiedad que, afirman, les pertenece.

En sus primeras acciones, los ejidatarios establecieron un plantón de varias horas frente a las instalaciones del Tribunal Agrario en la colonia El Obispado, donde demandaron la renuncia de varios funcionarios, entre ellos el secretario de Acuerdos. Posteriormente, llevaron su protesta a la sesión plenaria del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Cintermex, solicitando la intervención de la presidenta del partido, Luisa María Alcalde, y de legisladores federales de Morena para que intercedan ante la presidencia de la República en apoyo a su lucha.

Los manifestantes denuncian que están en riesgo de perder terrenos ubicados en el polígono comprendido entre la Avenida Alfonso Reyes, Universidad y Avenida Sendero, donde el Tribunal Superior Agrario ya falló a su favor. Sin embargo, aseguran que el Tribunal Unitario Agrario ha ignorado una orden judicial que prohíbe el desarrollo inmobiliario en estas tierras ejidales.

Gabriel Guajardo Muñoz, representante jurídico de los 185 ejidatarios, subrayó que la sentencia del Tribunal Superior Agrario les otorgó el derecho a recuperar 250 hectáreas. Según Guajardo, el Tribunal ha sido omiso en reconocer la demanda presentada contra el proyecto “Canadá City”, impulsado por Grupo Inmobiliario Monterrey, que integra a constructoras como Javer, Garza Ponce, Marfil y Prohabimex, y cuenta con el diseño de la firma internacional Callison RTKL. Este ambicioso proyecto busca crear un polo de desarrollo urbano en el norte del Área Metropolitana de Monterrey.

Los ejidatarios, cuya lucha legal se ha extendido por varios años, sostienen que su propiedad es inalienable, conforme a un decreto de expropiación destinado a uso agrícola, y aseguran que no cesarán sus manifestaciones hasta que las autoridades cumplan con las resoluciones emitidas a su favor y se respete su derecho de posesión sobre casi 4.5 millones de metros cuadrados de terreno.