Ciudad de México.– Diversas organizaciones campesinas de estados como Veracruz, Nuevo León, Baja California y Yucatán han alzado la voz para denunciar la presunta existencia de un supuesto “Cártel Agrario” que opera en detrimento de los derechos de las comunidades rurales. Este grupo, según los denunciantes, es encabezado por el político Ricardo Monreal y Maribel Concepción Méndez de Lara, quien recientemente fue nombrada integrante del Comité de Evaluación del Congreso de la Unión, responsable de seleccionar candidatos para el Poder Judicial Federal.

Los campesinos señalan que dicho nombramiento representa un riesgo para los principios de justicia y honestidad defendidos por el gobierno de la Cuarta Transformación (4T). Acusan a Méndez de Lara de estar vinculada a prácticas corruptas y de beneficiar intereses ajenos al bienestar del campo mexicano desde su gestión como presidenta del Tribunal Superior Agrario en el sexenio de Felipe Calderón.

Acusaciones por manipulación y corrupción

Entre las denuncias destacan las presuntas irregularidades en la designación de magistrados agrarios afines a intereses políticos y económicos, así como la ratificación de funcionarios señalados por presuntas malas prácticas, como el caso de Claudia Dinorah Velázquez González y Alberto Pérez Gasca. Según los denunciantes, estas acciones han permitido que grandes corporaciones y actores económicos se beneficien del despojo de tierras ejidales, perjudicando directamente a las comunidades rurales.

Además, se recuerda el papel de Méndez de Lara en el año 2000, cuando fue señalada por presuntamente vender el padrón ejidal para fines electorales en favor de las campañas del PAN. Estas acciones, afirman los campesinos, representan un patrón de comportamiento que traiciona los intereses del pueblo.

Llamado a Claudia Sheinbaum

En respuesta a esta situación, los campesinos y diversos sectores de la sociedad han hecho un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para que revise este nombramiento. Argumentan que figuras con antecedentes cuestionables no deberían ocupar posiciones clave en la selección de juzgadores del Poder Judicial, ya que esto podría comprometer el avance de la justicia en el país.

“Es inconcebible que quienes han actuado contra los intereses del pueblo sean quienes definan el futuro del sistema judicial”, expresaron líderes campesinos en un comunicado. Confían en que la presidenta, comprometida con los principios de la 4T, tome medidas para garantizar que el Comité de Evaluación opere con transparencia y en beneficio del pueblo mexicano.

La polémica pone de manifiesto las tensiones internas en torno a la transformación del sistema agrario y la defensa de los derechos de las comunidades rurales, un tema que seguirá generando atención en los próximos meses.