Monterrey, N.L.- En una contundente declaración, el senador por Nuevo León, Waldo Fernández, respaldó la propuesta de reforma al artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que busca ampliar el catálogo de delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa. Entre los delitos propuestos destacan la extorsión, el contrabando y aquellos relacionados con el fentanilo y otras drogas sintéticas.

Durante su posicionamiento, Fernández enfatizó que la prisión preventiva oficiosa es una herramienta indispensable para salvaguardar a las víctimas de delitos graves, subrayando el impacto devastador que estos actos tienen en la sociedad.

“Cada vez que alguien extorsiona no es una travesura, genera pánico, genera miedo, incluso a veces hasta logra fragmentar a una familia. Cuando alguien realiza un contrabando no solamente lastima al erario público, también lastima a hombres y mujeres de bien que arriesgan su capital, creen en el país y quieren ser emprendedores”, declaró.

El legislador expresó su rechazo a lo que denominó como “justicia de puertas giratorias”, refiriéndose a casos en los que los presuntos delincuentes obtienen ventajas legales que dificultan la impartición de justicia y desprotegen a los ciudadanos. “No puede ser la justicia puertas giratorias donde presuntos delincuentes tienen una ventaja sobre el ciudadano de bien que está siendo victimizado y a veces hasta criminalizado”, afirmó.

Fernández regresó este martes a sus labores en el Senado tras haber solicitado una licencia para participar en la Segunda Conferencia Anual de Manufactura de América del Norte, realizada en Ottawa, Canadá. En su intervención, dejó en claro su compromiso con fortalecer el marco jurídico para garantizar seguridad y justicia en el país.

La iniciativa de reforma al artículo 19 continúa generando debate a nivel nacional, enfrentando posturas a favor y en contra respecto a su impacto en el respeto a los derechos humanos y el equilibrio entre seguridad y justicia. Sin embargo, el Senador nuevoleonés reiteró que el enfoque debe centrarse en la protección de las víctimas y el fortalecimiento del estado de derecho.