Local.- En un controvertido caso que ha despertado indignación entre organizaciones sociales y defensores de derechos humanos, el magistrado Raúl Eduardo Covarrubias García, titular del Tribunal Unitario Agrario del distrito 20 en Nuevo León, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra un grupo de mujeres de la tercera edad. La acusación, por presunta privación ilegal de la libertad, se originó tras una protesta pacífica realizada en las instalaciones del tribunal en octubre de 2024.

Las manifestantes, en su mayoría ejidatarias del ejido San Nicolás en Escobedo, Nuevo León, reclamaban la recepción de una denuncia contra varias constructoras, acusadas de despojar terrenos destinados al proyecto inmobiliario conocido como “Canadá”. Según las afectadas, estos terrenos, ubicados en la zona de Sendero y Carretera a Colombia, han sido tomados de manera irregular.

El magistrado Covarrubias respondió a la protesta con una denuncia penal. En consecuencia, el fiscal Wendy Fuentes Barragán emitió un citatorio para las mujeres involucradas, dentro de la carpeta de investigación FED/NL/ESC/0002526/24. La cita, programada para el 4 de diciembre, coincidió con otra convocatoria del magistrado en el Tribunal Unitario Agrario para discutir los presuntos despojos, lo que ha generado críticas por el manejo del caso.

Organizaciones civiles han calificado esta acción como un intento de criminalizar la protesta y disuadir a las mujeres de continuar con su lucha por los derechos ejidales. “Estamos viendo una revictimización de estas mujeres, quienes solo buscan justicia para sus tierras y sus comunidades”, declaró un portavoz de un colectivo local en defensa de los derechos agrarios.

El caso plantea interrogantes sobre el acceso a la justicia para grupos vulnerables, como las mujeres mayores, y la creciente tensión entre los intereses inmobiliarios y las comunidades ejidales. Mientras se esperan las declaraciones de ambas partes en los próximos días, las denunciadas han expresado su intención de seguir exigiendo justicia para los ejidatarios afectados.

El conflicto ha llamado la atención de la opinión pública, convirtiéndose en un símbolo de la lucha por los derechos de los ejidatarios en un contexto de presiones urbanísticas y legales.