Ciudad de México.- En respuesta al reciente anuncio del incremento en las tarifas del transporte público en Nuevo León, los senadores Waldo Fernández y Judith Díaz se pronunciaron en contra, calificándolo como una medida recaudatoria que impacta negativamente a la economía de las familias, la movilidad y la competitividad del estado. Los legisladores han presentado dos propuestas legislativas con el objetivo de revertir el aumento y prevenir futuros ajustes injustificados.

Los senadores propusieron una iniciativa para reformar el Artículo 67 de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. El objetivo principal es establecer lineamientos claros que regulen los incrementos en las tarifas del transporte público, asegurando que sean graduales, transparentes y fundamentados en estudios técnicos que consideren el impacto económico en las familias mexicanas.

Entre los puntos destacados de la reforma se incluyen:

1. Prohibición de incrementos abruptos y desproporcionados, limitándolos a un margen razonable relacionado con la inflación.
2. Incrementos graduales y programados a partir del tercer mes de cada año, para favorecer la planificación económica de los usuarios.
3. Supervisión obligatoria de las unidades de transporte antes de cualquier ajuste tarifario, asegurando condiciones óptimas de operación.
4. Transparencia en los estudios justificativos, que deberán ser públicos y accesibles.
5. Subsidios dirigidos a adultos mayores, como una medida de apoyo a los sectores más vulnerables.

Punto de Acuerdo para frenar el aumento tarifario

Adicionalmente, los legisladores presentaron un Punto de Acuerdo instando al gobierno estatal a revertir el incremento tarifario y a garantizar transparencia en las decisiones relacionadas con el transporte público. Este documento exige:

• Hacer públicos los estudios técnicos que justifican el aumento.
• Presentar un informe sobre las condiciones de las rutas y unidades de transporte.
• Solicitar a la Procuraduría Federal del Consumidor evaluar acciones colectivas contra el incremento.
• Exigir a la Comisión Federal de Competencia Económica investigar posibles distorsiones en la competencia derivadas de las políticas tarifarias.

Judith Díaz señaló que el aumento es “desproporcionado” y ocurre en un contexto donde el transporte público no garantiza ni calidad ni condiciones dignas para los usuarios. Por su parte, Waldo Fernández cuestionó la incongruencia en las tarifas: “El transporte que no está en el sistema estatal mantiene un costo de 12 pesos, mientras que las tarifas estatales suben hasta 17 pesos, lo que evidencia una intención recaudatoria más que un enfoque en mejorar el servicio”.

Ambos senadores reiteraron su compromiso de trabajar en favor de un transporte público justo, accesible y de calidad, que realmente responda a las necesidades de los ciudadanos y no sea utilizado como una herramienta de recaudación.

Con estas acciones, buscan evitar que decisiones unilaterales sigan afectando a las familias trabajadoras y a la competitividad de Nuevo León.