Monterrey, Nuevo León. – Habitantes de la colonia Vista Hermosa denunciaron posibles actos de corrupción en la Dirección General de Juegos y Sorteos (DGJS) tras la reubicación del casino “Red Diamond” a un inmueble frente a Galerías Monterrey, donde operaría bajo el nombre de “Regio Casino”. Algunos vecinos señalaron que el establecimiento carece de los permisos legales necesarios y acusan a las autoridades de otorgar autorizaciones de manera irregular.

El edificio, que hasta 2023 funcionó como gimnasio y tienda deportiva, fue arrendado en octubre de 2024 por Sergio Jacinto Gil García, propietario de la permisionaria Petolof. Pese a que la normativa estatal prohíbe la expedición de nuevos permisos para casinos desde 2011, la DGJS habría autorizado presuntamente el cambio de ubicación en diciembre de 2024 mediante el oficio DGJS/2667/2024, sin que el inmueble contara con el uso de suelo adecuado.

La Secretaría de Desarrollo Urbano clausuró el establecimiento en noviembre de 2024 por falta de permisos, pero se indicó que trabajadores de Gil García continuaron con las remodelaciones, violando los sellos de clausura—a un delito tipificado en el artículo 189 del Código Penal. Vecinos alertaron a las autoridades y lograron la detención en flagrancia de varios empleados, quienes fueron vinculados a proceso con prisión preventiva.

Pese a las sanciones, el propietario presuntamente habría continuado con actividades irregulares, realizando pagos de participaciones ante la DGJS para aparentar que el casino seguía operando. En una inspección del 27 de enero, se descubrió que había trasladado máquinas de juego a un local contiguo, carente de servicio eléctrico y aún rotulado como agencia automotriz. Aun así, el inspector habría procedido con la visita, lo que aumentó las sospechas de corrupción.

Los vecinos han presentado denuncias ante distintas instancias, argumentando que la autorización de operaciones del casino podría haber sido influenciada por intereses ilícitos. Ante la falta de respuestas concretas, han solicitado la intervención directa de la presidenta municipal para que se apliquen las sanciones correspondientes y se garantice el cumplimiento de la ley.