Monterrey, N.L.— Ante la creciente crisis de movilidad en la Zona Metropolitana de Monterrey, el Senado de la República aprobó un Punto de Acuerdo en el que exige al Gobierno del Estado de Nuevo León y a diversos municipios reforzar de inmediato las acciones en materia de transporte y movilidad urbana.

La propuesta fue presentada por los senadores neoloneses Waldo Fernández y Judith Díaz, quienes advirtieron que la situación actual del sistema de transporte público representa una violación al derecho a la movilidad, afectando principalmente a la clase trabajadora y sectores más vulnerables.

“Nuevo León enfrenta una grave crisis en su sistema de movilidad, que se ha agravado en los últimos años. Esto impacta directamente en la calidad de vida de los ciudadanos, así como en la competitividad industrial y el comercio del estado”, subrayó la senadora Díaz, quien también enfatizó que esta problemática vulnera derechos fundamentales como el acceso a la salud, la educación, la seguridad y el medio ambiente.

Por su parte, el senador Fernández denunció que los usuarios del transporte público enfrentan condiciones extremas, exponiéndose a temperaturas que van desde los 0 hasta los 40 grados Celsius, y deben destinar hasta cuatro horas diarias en traslados. A pesar de ello, señaló, el estado mantiene uno de los sistemas de transporte más caros del país, con tarifas que triplican las de la Ciudad de México.

“El aumento aprobado en enero de este año, que llevará la tarifa de rutas urbanas hasta los 17 pesos, representa un duro golpe para los trabajadores, especialmente considerando la mala calidad del servicio y los recientes escándalos de corrupción relacionados con funcionarios estatales”, agregó.

El Punto de Acuerdo aprobado por el Senado tiene como objetivo impulsar la implementación del Plan Integral de Movilidad Urbana y reestructurar la planeación en movilidad y seguridad vial con apoyo de especialistas, a fin de garantizar un transporte público digno, accesible y eficiente para todos los ciudadanos de Nuevo León.

“Este es uno de los temas que más duele a la gente de nuestro estado. Como Senadores de la República, no vamos a quedarnos callados mientras se vulnera su derecho a una movilidad justa”, concluyó Fernández.

Con esta acción, el Senado busca presionar a las autoridades locales para tomar medidas inmediatas que respondan a una de las principales demandas de la población neolonesa.