Monterrey, N.L., 25 de mayo de 2025 — En respuesta al preocupante aumento de delitos cometidos con motocicletas en la zona metropolitana de Monterrey, el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso local, Miguel Ángel Flores Serna, anunció que trabaja en una iniciativa legislativa para regular la compra y el uso de estos vehículos, reforzando así la seguridad pública en el estado.

De acuerdo con cifras recientes, hasta el 80% de los delitos violentos registrados en la entidad involucran motocicletas como medio de escape o transporte. Ante este escenario, el legislador planteó que la venta de estos vehículos solo pueda concretarse cuando el comprador cuente previamente con su registro ante el Instituto de Control Vehicular, tal como ya ocurre con autos y camionetas.

“Este es un tema de seguridad ciudadana y como legisladores tenemos la responsabilidad de actuar con firmeza y de manera coordinada para frenar el uso de motocicletas en actividades delictivas”, afirmó Flores Serna.

La propuesta también contempla medidas obligatorias de identificación y seguridad para todos los motociclistas, como el uso de casco, chaleco y material reflejante, así como la incorporación de un código identificador único, emitido por el Instituto de Control Vehicular, que deberá estar visiblemente impreso tanto en el casco como en el chaleco del conductor.

Además, el diputado aseguró que la iniciativa está siendo construida en conjunto con legisladores de otras bancadas para garantizar su pronta aprobación y evitar que se convierta en un tema partidista.

Flores Serna subrayó que estas acciones no buscan criminalizar a quienes usan motocicletas de forma legal y responsable, sino facilitar la identificación de conductores, prevenir delitos y mejorar la seguridad vial.

“No se trata de castigar, sino de regular para proteger a todos”, puntualizó el coordinador de Movimiento Ciudadano.

La propuesta será presentada formalmente en los próximos días, y se espera que abra el debate sobre el equilibrio entre seguridad y derechos ciudadanos en el uso de vehículos de dos ruedas en el estado.