Monterrey, N.L. — Con el objetivo de cerrar brechas legales y frenar el avance del despojo de inmuebles en el estado, el presidente de la Comisión de Justicia del Congreso local, Javier Caballero Gaona, anunció que se promoverán reformas al Código Penal de Nuevo León para endurecer las penas y evitar lagunas jurídicas que favorezcan a quienes cometen este delito.
La decisión se tomó tras una mesa de trabajo interinstitucional en la que participaron el Fiscal General de Justicia, Javier Flores Saldívar; el vicefiscal del Ministerio Público, Luis Enrique Orozco; y el vicefiscal de Control y Desarrollo, Alejandro Carlín Balboa, así como coordinadores de todas las bancadas legislativas.
“No podemos soltar el tema del despojo de inmuebles porque es un delito dinámico que se actualiza constantemente. Por eso estamos construyendo una reforma bien estructurada para prevenirlo y sancionarlo eficazmente”, señaló Caballero Gaona.
El legislador explicó que se está diseñando un plan integral junto con todas las fracciones parlamentarias, para evitar “pifias legales” que puedan ser aprovechadas por quienes recurren a métodos fraudulentos para apropiarse de propiedades ajenas.
Durante la reunión, el Fiscal Javier Flores Saldívar informó que este delito ha mostrado un ligero incremento respecto al año anterior y que en muchos casos se ha logrado llegar a acuerdos reparatorios en un plazo de aproximadamente un año. No obstante, advirtió que se han detectado grupos delictivos organizados que operan de forma sistemática, lo que demanda una respuesta más firme desde el Congreso.
“La clave es la coordinación institucional y la orientación a las víctimas para que puedan recuperar sus derechos de forma efectiva”, apuntó el Fiscal.
La mesa contó con la presencia de los coordinadores de los grupos legislativos del PRI, PAN, PRD, MC, Morena, PVEM, PT y de diputadas como Itzel Castillo, quienes se comprometieron a mantener el diálogo y avanzar en una reforma legal integral con enfoque preventivo y punitivo.
Con estas acciones, el Congreso de Nuevo León busca reforzar el marco jurídico para enfrentar el despojo de inmuebles con mayor eficacia, proteger el patrimonio de los ciudadanos y cerrar el paso a quienes abusan de vacíos legales para delinquir.
