Monterrey, N.L. – En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, la diputada local Armida Serrato Flores presentó una iniciativa de reforma a la Ley Ambiental del Estado con el objetivo de restringir la venta de plásticos de un solo uso y aplicar sanciones de hasta 3 millones de pesos a quienes incumplan la norma.

La legisladora priísta explicó que se busca prohibir la comercialización de artículos como tenedores, cuchillos, cucharas, palillos mezcladores, platos, bastoncillos para hisopos de algodón, vasos con sus tapas, charolas y contenedores para transportar alimentos.

“En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente estoy presentando una iniciativa de reforma a la Ley Ambiental del Estado para efecto de restringir la venta y la comercialización de los plásticos de un solo uso, estamos hablando de todo lo desechable que tiene que ver con el tema de la alimentación, que sabemos que se tiran después de ser utilizado”, indicó en entrevista.

Precisó que únicamente se permitirán productos cuya composición contenga al menos un 50% de material reciclado. “Al mismo tiempo establecemos todos aquellos plásticos que pueden seguir siendo vendidos como comercializados, y, por ende, comprados, que son aquellos que tengan más del 50% de su composición de material reciclado”, aclaró.

La iniciativa, presentada ante la Oficialía de Partes del Congreso local, propone modificar y adicionar diversas fracciones de los artículos 3, 8, 236 y el artículo 168 BIS III de la Ley Ambiental estatal.

Serrato Flores subrayó que Nuevo León se encuentra rezagado en materia legislativa respecto a la prohibición de plásticos de un solo uso, por lo que se establecen sanciones que van desde los 250 mil hasta los 3 millones de pesos para quienes comercialicen este tipo de productos.

“Las acciones planteadas en esta iniciativa harán posible no solo lograr sentar las bases para una transición ecológica, sino que también garantizará a las presentes y futuras generaciones un medio ambiente sano, equilibrado y óptimo para su bienestar”, enfatizó.

De ser aprobada, la reforma entraría en vigor un año después de su publicación, con el fin de permitir la difusión de los cambios legales y que tanto comercios como la ciudadanía puedan adaptarse a las nuevas disposiciones.