Monterrey, N.L. – Para evitar que proyectos inconclusos se acumulen sin control, la diputada local Marisol González, del grupo legislativo de Movimiento Ciudadano, propuso reformas a la Ley de Gobierno Municipal de Nuevo León que obliguen a los ayuntamientos a concluir sus obras antes de anunciar nuevas.

La iniciativa modifica los artículos 33 y 153 de dicha ley, con el objetivo de frenar la discrecionalidad en la ejecución de obras públicas, un problema que, dijo, ha sido evidente en el municipio de Santa Catarina. “El gobierno especialmente de Santa Catarina no puede anunciar nuevas obras si no ha concluido las que están pendientes”, señaló en rueda de prensa.

Entre los proyectos inconclusos mencionó el skate park, el puente vehicular de Manuel Ordóñez y un campo de béisbol. La reforma al artículo 33 otorgaría al Cabildo la facultad de rechazar nuevas obras si existen otras sin terminar. En el artículo 153 se busca obligar a incluir un catálogo con el estatus actual de cada obra, cronogramas, presupuestos y responsables.

“Las obras públicas no pueden usarse como herramientas de propaganda: son compromisos adquiridos con la sociedad”, enfatizó.

Además, la legisladora presentó un punto de acuerdo para atender el abandono de la colonia La Ermita, en Santa Catarina, acompañada de habitantes del sector.

“Desde 2023 se les prometió una obra con 22 millones de pesos, pero el alcalde Jesús Nava sigue sin cumplir”, denunció González, al subrayar que esta colonia carece de pavimentación adecuada, transporte público, áreas verdes y mantenimiento urbano.

“No es justo que sean los propios vecinos quienes rellenen baches, limpien parques o recojan basura por falta de atención gubernamental”, añadió.

Vecinos como Magaly Olvera Salazar expresaron su hartazgo: “Estamos abandonados, nadie nos voltea a ver. Las calles están horribles, no hay parques, no hay árboles, nos prometieron una obra y nunca se ha hecho”.

La diputada concluyó que su propuesta se basa en el marco legal vigente, incluyendo el artículo 115 constitucional, que obliga a los municipios a garantizar servicios esenciales a sus habitantes.