LOS ÁNGELES, CA – El miércoles 2 de julio de 2025, agentes de la oficina de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE), dependiente del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), detuvieron al conocido boxeador mexicano Julio César Chávez Jr. mientras circulaba en scooter frente a su domicilio en Studio City, California .
Autoridades federales indicaron que Chávez Jr., de 39 años, fue aprehendido por haber ingresado al país con una visa de turista B‑2 en agosto de 2023, la cual expiró en febrero de 2024, y por permanecer en territorio estadounidense tras esa fecha. En abril de 2024, presentó una solicitud para obtener residencia permanente con base en su matrimonio con una ciudadana estadounidense, pero se detectaron múltiples declaraciones fraudulentas, lo que derivó en que el 27 de junio de 2025 se considerara indocumentado y susceptible de deportación.
Según un comunicado oficial del DHS, Chávez Jr. enfrenta una orden de detención vigente en México por supuesta participación en delitos de crimen organizado y tráfico de armas, municiones y explosivos, y se le considera afiliado al Cártel de Sinaloa, designado como Organización Terrorista Extranjera por la administración Trump. Tras su arresto, ICE inició el proceso de “remoción acelerada” con destino a México.
Chávez Jr. es hijo del mítico campeón mexicano Julio César Chávez y exgobernante del peso medio del Consejo Mundial de Boxeo (WBC). Su carrera ha estado marcada por altibajos, incluyendo suspensiones y problemas con sustancias, además de una reciente derrota por decisión unánime ante Jake Paul el sábado 28 de junio en Anaheim, California
La detención del exboxeador sucede pocos días después de su pelea y se suma a antecedentes legales en EE.UU.: fue arrestado en 2012 por manejar bajo influencia y sin licencia, resultando en una condena de 13 días de cárcel y tres años de libertad condicional; en enero de 2023 se emitió una orden de aprehensión por presunta vinculación con crimen organizado; y en enero de 2024 fue detenido y posteriormente condenado en California por posesión ilegal de un arma de asalto y fabricación o importación de rifle de cañón corto.
El DHS, a través de la secretaria adjunta Tricia McLaughlin, subrayó que “ni siquiera los atletas de fama mundial están por encima de la ley” y enfatizó el compromiso contra la presencia de afiliados a cárteles en Estados Unidos, en un mensaje dirigido a supuestos miembros de estos grupos.
