Monterrey, N.L.- Con el objetivo de proteger la salud y la vida de los ciudadanos ante la proliferación de procedimientos estéticos realizados en condiciones irregulares, la diputada local del PRI, Gabriela Govea López, presentó una iniciativa de reforma al Código Penal para sancionar con dos a seis años de prisión a los directores o administradores de centros médicos que autoricen intervenciones médico-quirúrgicas sin que el personal cuente con la certificación correspondiente.

Acompañada de la diputada Armida Serrato y de los otorrinolaringólogos Rafael Moreno, Lilia Ruan y Marcos Antonio Méndez, la presidenta de la Comisión de Salud propuso también ampliar el delito de usurpación de funciones para castigar a quienes realicen procedimientos médico-quirúrgicos sin un certificado vigente de especialista.

“Nosotros estamos pidiendo que se aumente hasta más de seis años de cárcel a estos establecimientos que autorizan procedimientos médico-quirúrgicos realizados por personal sin los requisitos establecidos en la Ley General de Salud”, puntualizó Govea López.

Agregó que en el Código Penal no existía sanción contra los establecimientos que permiten este tipo de cirugías, por lo que resulta fundamental incluirlos junto a médicos que se ostentan como especialistas sin estar certificados.

La legisladora alertó sobre el crecimiento de las llamadas “tandas estéticas”, esquemas de financiamiento informal que ofrecen cirugías a bajo costo sin garantías de seguridad ni calidad médica. “Por tal motivo estoy pidiendo que se impongan sanciones a las personas que reciban dinero de terceros para ofrecer procedimientos estéticos a cargo de médicos sin la debida certificación”, explicó.

La iniciativa plantea modificar la fracción II y III del artículo 229, la fracción II del artículo 255 y la fracción XIII y XIV del artículo 386, además de adicionar la fracción IV al artículo 229 y la fracción XV al artículo 386 del Código Penal Estatal.

La CONAMED ha documentado que más del 52% de las cirugías plásticas y estéticas en México son realizadas por personal sin la especialidad correspondiente, lo que representa un riesgo grave para los pacientes.

“El Grupo Legislativo del PRI reafirma su compromiso con la salud y la seguridad de las y los nuevoleoneses, cerrando el paso a prácticas irresponsables que ponen en riesgo la vida de la ciudadanía”, sostuvo la legisladora.

Finalmente, Govea López entregó un exhorto para que la PROFECO en Nuevo León supervise que hospitales y clínicas garanticen la legalidad de sus servicios e insumos, eviten cobros excesivos, cargos ocultos y prácticas que vulneren los derechos de los consumidores.