Monterrey, N.L.- La Diputada local del PRI, Armida Serrato Flores, solicitó a la Auditoría Superior del Estado (ASE) revisar la entrega de apoyos económicos que realiza la Secretaría de Igualdad e Inclusión a través de los programas “Hambre Cero”, “Impulso a cuidadoras”, “Incluir para ser iguales” y “Jefas de Familia”.

La legisladora informó que miles de beneficiarios denunciaron desde agosto la suspensión de pagos en estos programas, a pesar de que las partidas cuentan con presupuestos asignados que, en algunos casos, se incrementaron hasta en un 1,800%, pasando de aproximadamente 7 millones a más de 140 millones de pesos mensuales.

“Presenté una solicitud para que se haga una auditoría directamente a los programas sociales destinados a las personas que están dentro de la Secretaría de Igualdad e Inclusión, porque nuevamente no depositó el recurso a los beneficiarios”, apuntó Serrato.

Recordó que en 2024 también se suspendieron los apoyos entre agosto y diciembre, situación que —dijo— vuelve a repetirse este año. “Ya van dos meses en los cuales miles y miles de beneficiarios no han recibido el apoyo de 800 pesos mensuales”, agregó.

La también presidenta de la Comisión Anticorrupción destacó que, según datos de la Plataforma Nacional de Transparencia, la propia Secretaría de Igualdad reportó haber erogado 7 millones 641 mil pesos mensuales durante el periodo en que no se entregaron los apoyos.

“Estoy convencida de que se presumen actos de corrupción graves. No puede ser coincidencia que la suspensión de apoyos ocurra nuevamente después de los procesos electorales, como el año pasado”, señaló.

“Si el Gobierno del Estado y sus funcionarios no tienen nada que esconder, deben permitir que se les fiscalice con total transparencia”, añadió la diputada priista.

Serrato Flores pidió que, de encontrarse irregularidades o negligencias en el manejo financiero por parte de la Secretaría de Igualdad e Inclusión o de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, se promuevan las acciones legales correspondientes.

El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión Anticorrupción del Congreso, donde la legisladora adelantó que buscará que el tema sea analizado a profundidad la próxima semana.