Monterrey, NL.– La diputada independiente Rocío Maybe Montalvo Adame, coordinadora del Grupo Legislativo Únete Pueblo, presentó una iniciativa para reformar la Ley de Agua Potable y Saneamiento con el fin de establecer la obligación legal de contar con un Plan de Emergencia ante crisis hídricas por sequía o escasez.

La propuesta busca garantizar que, en cualquier situación crítica, el consumo humano tenga prioridad absoluta y evitar la improvisación que marcó la crisis del 2022 en Nuevo León.

“La crisis de 2022 fue dolorosa, y miles de familias pasaron meses sin agua mientras algunas industrias mantenían su suministro. Esto demostró que hubo improvisación y que la falta de planes nos cuesta muy caro como sociedad… Necesitamos un candado legal que obligue a planear y a actuar con justicia, poniendo siempre primero a las personas”, declaró Montalvo Adame.

La iniciativa plantea cuatro modificaciones centrales: crear la figura del “Plan de Emergencia y Gestión ante Crisis Hídricas”, obligar a la Comisión Estatal de Agua Potable y Saneamiento a elaborarlo y actualizarlo anualmente, exigir al Ejecutivo aplicarlo cuando se declare una emergencia y reafirmar que, por ley, el consumo humano debe prevalecer sobre cualquier otro uso.

La legisladora recordó que la ausencia de un protocolo oficial dejó vulnerable al estado durante la emergencia pasada.

“Muchos ciudadanos hacían filas bajo el sol para llenar una cubeta, mientras que los grandes consumidores industriales no vieron afectado su suministro. Eso no es justicia hídrica”, afirmó.

Montalvo subrayó que el cambio climático incrementará la frecuencia e intensidad de las sequías, por lo que la planeación es urgente. También llamó al Congreso a aprobar la reforma “con sentido de urgencia y responsabilidad”.

Una vez aprobada, las autoridades tendrán 60 días para armonizar la normativa con las nuevas disposiciones.