Monterrey, NL.— El Pleno del Congreso del Estado discutió y aprobó los dictámenes del Paquete Fiscal 2026, resultado de meses de trabajo legislativo encabezado por la Comisión de Presupuesto, presidida por la diputada Lorena de la Garza, quien defendió un enfoque municipalista y advirtió que Nuevo León podría iniciar el próximo año sin un presupuesto actualizado.

De acuerdo con lo aprobado, las propuestas priorizan la responsabilidad financiera, la protección del empleo y el fortalecimiento de los municipios como primer nivel de atención a las necesidades de la ciudadanía. Entre los principales acuerdos se encuentra el rechazo al incremento del 33 por ciento al Impuesto Sobre Nómina planteado por el Ejecutivo, así como la eliminación de aumentos de hasta 200 por ciento en más de 70 cobros por derechos que impactaban directamente a pequeños negocios y emprendedores.

Asimismo, los legisladores no autorizaron nueva deuda, al no contar con información técnica completa que justificara la contratación de financiamientos adicionales, y rechazaron las reformas al Código Fiscal del Estado promovidas por el Ejecutivo, al considerar que otorgaban facultades excesivas y discrecionales a la autoridad hacendaria.

El Paquete Fiscal aprobado contempla ingresos por más de 160 mil millones de pesos, el monto más alto en la historia de Nuevo León, además de incluir una reforma a la Ley de Coordinación Hacendaria que fortalece a los municipios con mayores recursos para atender rubros como seguridad, servicios públicos y obra social.

No obstante, Lorena de la Garza alertó que, pese a que el Congreso cumplió con su responsabilidad constitucional, existe el riesgo de que el estado arranque 2026 sin un presupuesto vigente, debido a la decisión del gobernador de adelantar las vacaciones del personal del Periódico Oficial del Estado, lo que impediría la publicación de lo aprobado y derivaría en la aplicación de la figura de la tácita reconducción presupuestal.

“La discusión de este presupuesto ha sido más transparente que nunca. Cámaras empresariales, asociaciones civiles y organismos autónomos han estado en este Congreso exigiendo la actualización del presupuesto. Que hoy el gobernador decida darle la espalda a su responsabilidad y adelante las vacaciones para inhibir su publicación muestra su desprecio por la ley”, señaló la legisladora.

Añadió que esta situación no responde a un tema técnico o jurídico, sino a una decisión política que afecta la certeza financiera y jurídica del estado. “A la gente de Nuevo León le digo: paciencia, Nuevo León, ya se va”, expresó, al informar que el Congreso analiza las vías legales para obligar al Ejecutivo a cumplir con su obligación constitucional.

Finalmente, De la Garza reiteró que el presupuesto no es propiedad ni del gobernador ni del Congreso, sino de las familias de Nuevo León, y advirtió que impedir su publicación representa un acto de irresponsabilidad que pone en riesgo la estabilidad financiera del estado.