Monterrey, N.L.– Ante el problema de las tomas clandestinas y la comercialización ilegal de agua potable, la diputada independiente Rocío Maybe Montalvo Adame, coordinadora del Grupo Legislativo “Únete Pueblo”, presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado para tipificar como delito equiparable al robo la sustracción ilegal de agua potable, con penas que van de 4 a 10 años de prisión.

La legisladora señaló que la propuesta busca combatir el llamado “aguachicoleo”, así como las más de 158 mil conexiones irregulares detectadas por Agua y Drenaje de Monterrey en la zona metropolitana, las cuales afectan el suministro, dañan la infraestructura y pueden encarecer el servicio para los usuarios que sí cumplen con el pago.

“Ante las circunstancias de escasez y la crisis de 2022, el robo de agua no es una falta menor, debe ser considerado un delito que atenta contra la seguridad hídrica de todos los habitantes del estado. Mientras miles de familias cumplen con su pago y sufren cortes, hay redes clandestinas con tomas ilegales y pipas pirata que lucran con un recurso que es de todos. Esto debe parar ya y ser sancionado”, declaró Montalvo Adame.

La iniciativa propone la creación del Artículo 365 Bis 2 en el Código Penal del Estado, con el que se sancionarían tres conductas específicas: la sustracción de agua de la red de distribución, la alteración de la infraestructura hidráulica para obtenerla y la realización de conexiones irregulares.

“La crisis hídrica de 2022 nos dejó bien claro que cada gota cuenta. Estas tomas ilegales detectadas por Agua y Drenaje además de robar agua, también dañan tuberías, provocan fugas masivas y dejan sin presión a colonias enteras. Esto afecta a las familias. Es un crimen contra el patrimonio público y contra el derecho humano de acceso al agua potable”, explicó la diputada.

La reforma contempla sanciones escalonadas, con una pena base de 4 a 8 años de prisión por la sustracción o conexión irregular; de 6 a 10 años si el agua robada se destina a la comercialización masiva mediante pipas o cisternas; aumento de hasta la mitad de la pena si se causa daño a la infraestructura que abastece a un centro de población, y sanciones mayores con destitución e inhabilitación en caso de participación de servidores públicos.

“Queremos mandar un mensaje claro, que lucrar con el agua de los nuevoleoneses tendrá consecuencias severas. No debe existir un mercado negro que explota la necesidad de la gente”, afirmó Montalvo.

La iniciativa también establece un criterio de equidad, al señalar que si la conducta ocurre por primera vez y exclusivamente para consumo doméstico de una familia, la pena será menor, de seis meses a un año, privilegiando el acuerdo reparatorio y la regularización.

“Esta ley no busca criminalizar a aquellas familias que, en una situación de extrema necesidad, hacen una toma para sobrevivir. Lo que buscamos es castigar al que roba a gran escala para vender y enriquecerse, o a las empresas que se conectan a escondidas para evitar pagar el agua”, aclaró la legisladora.

Finalmente, la diputada hizo un llamado al Congreso del Estado para aprobar la reforma, al considerar que el acceso al agua es un tema de seguridad estatal y de justicia hídrica para Nuevo León.