Monterrey, NL.– Con el objetivo de garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a recibir pensión alimenticia y evitar el incumplimiento de los padres ante resoluciones judiciales, la diputada panista Claudia Caballero Chávez presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de Nuevo León.

La legisladora acudió a la Oficialía de Partes del Congreso local acompañada del abogado Patricio Martínez Brito, donde propuso modificar el Artículo 280 del Código Penal estatal para agilizar los procesos contra quienes incumplan con sus obligaciones alimentarias.

La iniciativa plantea que comete el delito de incumplimiento de obligaciones alimentarias quien, sin causa justificada, deje de cumplir total o parcialmente por más de 30 días naturales con el pago de alimentos hacia hijas e hijos, cónyuge, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, adultos mayores o personas bajo interdicción, siempre que exista una resolución judicial firme o convenio ratificado ante autoridad competente.

Buscan evitar procesos prolongados

La propuesta establece que el delito se persiga a petición de la parte afectada y que para la vinculación a proceso sea suficiente la constancia emitida por el órgano jurisdiccional que acredite la obligación alimentaria y el incumplimiento.

Además, contempla sanciones de uno a seis años de prisión para quien incumpla con la pensión alimenticia, así como la pérdida del derecho a ejercer patria potestad, tutela, guarda y custodia, curatela y derechos hereditarios sobre la persona afectada.

También se prevé que el responsable deba cubrir como reparación del daño las cantidades no entregadas oportunamente.

En casos de reincidencia o cuando el imputado oculte ingresos o bienes para evadir la obligación, las penas podrían duplicarse, además de aplicarse medidas como el embargo preventivo o la retención de percepciones.

“Lo que se plantea es permitir la vinculación a proceso inmediata cuando exista constancia judicial firme que acredite la obligación alimentaria y su incumplimiento. De esta manera, se reconoce el valor probatorio pleno de las resoluciones emitidas por los órganos jurisdiccionales en materia familiar, evitando su innecesaria reiteración en la etapa penal”, explicó Claudia Caballero Chávez.

La legisladora añadió que también se busca facultar a los jueces de control para aplicar medidas cautelares inmediatas que garanticen el pago de la pensión durante el proceso penal.

Por su parte, el abogado Patricio Martínez Brito señaló que la reforma pretende evitar la duplicidad de procesos que actualmente pueden prolongarse durante varios años.

“Lo que se busca es evitar esos tres años y con la simple imposición del juez de lo familiar de la pensión alimenticia, donde se ve el incumplimiento, ya puedas proceder penalmente en contra del deudor alimentista, no tener que duplicar procesos”, explicó.