Monterrey, Nuevo León.– Ante el creciente deterioro de calles y avenidas en la entidad, el diputado local del PAN, Miguel Lechuga, encabezará el análisis de la nueva Ley para la Construcción, Rehabilitación y Mantenimiento de Pavimentos, mediante la realización de Mesas de Trabajo en el Congreso del Estado.

La propuesta fue presentada a través de un Punto de Acuerdo durante la sesión ordinaria de este lunes, el cual fue aprobado por unanimidad, lo que permitirá avanzar en la discusión de un marco normativo que busca atender una de las principales problemáticas urbanas en Nuevo León.

Lechuga destacó que, de acuerdo con datos de percepción ciudadana de diciembre de 2025, el 86.4 por ciento de la población mayor de 18 años considera los baches como uno de los principales problemas en sus ciudades. A esto se suma que el 61.2 por ciento identifica los embotellamientos como una afectación relevante, situación que se agrava por el mal estado de las vialidades.

“El deterioro de los pavimentos no solo genera inconformidad social, también provoca accidentes viales, daños patrimoniales, mayores tiempos de traslado, sobrecostos en transporte y una pérdida en la competitividad urbana”, señaló el legislador.

El también presidente de la Comisión de Infraestructura y Desarrollo Urbano advirtió que el incremento en la percepción negativa sobre los servicios públicos y la movilidad refleja una tendencia preocupante, por lo que consideró urgente una intervención legislativa coordinada.

En este sentido, explicó que la iniciativa contenida en el expediente 19435/LXXVII busca establecer criterios técnicos uniformes, garantizar la calidad de los materiales, definir responsabilidades entre el estado y los municipios, así como implementar mecanismos de supervisión y evaluación para asegurar el uso adecuado de los recursos públicos.

Las Mesas de Trabajo, programadas para la última semana de abril, contarán con la participación de especialistas en ingeniería civil, urbanismo y movilidad, así como autoridades municipales, representantes del sector privado, academia y ciudadanía en general.

“El objetivo es construir una ley integral que responda a las necesidades reales de la población y permita mejorar de manera sostenible la infraestructura vial del estado”, puntualizó Lechuga.