Santiago, NL.– Un presunto fraude inmobiliario vinculado al proyecto “Aldea Sur” ha derivado en denuncias por parte de al menos 185 compradores ante la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, por un monto que asciende a cientos de millones de pesos.
El caso involucra a la empresa Creare Residences, cuyo representante, César Alejandro Pérez, se encuentra detenido y enfrenta procesos legales por la presunta venta de viviendas que no fueron construidas ni entregadas en los plazos establecidos.
De acuerdo con las denuncias, desde 2018 se promovieron diversos desarrollos habitacionales con la promesa de entrega en un periodo de dos años, solicitando anticipos de hasta el 33 por ciento del valor de las propiedades. Sin embargo, en múltiples casos las obras no iniciaron o quedaron inconclusas.
Las autoridades estiman que cerca de mil personas resultaron afectadas, de las cuales alrededor de 500 han iniciado acciones legales en distintas etapas. El acusado permanece en prisión preventiva desde enero de 2024.
Proponen acuerdo con incertidumbre
La defensa del imputado ha planteado un acuerdo reparatorio mediante la creación de un fideicomiso respaldado por un inmueble ubicado en el sector El Barro, en el mismo municipio. No obstante, víctimas han señalado falta de claridad sobre el valor real del bien y su suficiencia para cubrir el daño económico.
Especialistas advierten que aceptar un acuerdo sin información completa podría implicar riesgos para los afectados, mientras que rechazarlo también genera incertidumbre ante posibles beneficios legales para el imputado.
Exigen intervención de autoridades
El grupo de afectados ha solicitado la intervención del Gobierno del Estado y de la Procuraduría Federal del Consumidor para garantizar la reparación del daño y el aseguramiento de bienes de la empresa.
Asimismo, pidieron que cualquier acuerdo sea transparente y difundido entre todas las víctimas, con el fin de que puedan tomar decisiones informadas.
Este caso se suma a otros conflictos recientes en el sector inmobiliario de Nuevo León, donde compradores han denunciado irregularidades en esquemas de preventa que han dejado a numerosas familias sin patrimonio.
