Monterrey, NL. – La Comisión Anticorrupción del Congreso del Estado remitió 59 oficios a dependencias estatales, organismos electorales y autoridades jurisdiccionales para recabar información relacionada con tres expedientes de juicio político en contra del gobernador Samuel García.

La presidenta de la Comisión Anticorrupción, Armida Serrato Flores, informó que los requerimientos forman parte de las investigaciones y diligencias aprobadas el pasado 21 de mayo conforme a la Ley de Juicio Político del Estado de Nuevo León.

“Puedo informar en este momento que ya se remitieron los oficios correspondientes que aprobó la Comisión Anticorrupción respecto a los tres acuerdos para iniciar juicios políticos al Ejecutivo Estatal. A pesar de que hubo resistencia por parte de los Secretarios de recibir la información, en el caso específico de la Secretaría de Finanzas, todas las dependencias recibieron la totalidad de los oficios”, expresó.

La legisladora explicó que, una vez que las dependencias entreguen la información solicitada en un plazo de seis días hábiles, se elaborará un informe previo para determinar las pruebas adicionales y posteriormente presentar un dictamen final ante el Pleno del Congreso.

Los expedientes están relacionados con resoluciones emitidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre presuntas violaciones electorales atribuidas al mandatario estatal.

Uno de los casos corresponde a una supuesta intervención indebida en la elección para el Senado de la República de 2024 en beneficio de una fórmula vinculada a Movimiento Ciudadano.

Otro expediente está relacionado con presuntas violaciones a los principios de imparcialidad y equidad en la contienda presidencial, derivadas de expresiones y acciones atribuidas al Ejecutivo estatal a favor del entonces candidato presidencial Jorge Álvarez Máynez.

Además, la Comisión mantiene abierta una investigación por la presunta omisión del Gobierno estatal en la publicación de decretos y acuerdos aprobados por el Congreso local, asunto que previamente fue resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a favor del Poder Legislativo.

Entre las dependencias requeridas se encuentran las secretarías General de Gobierno, Educación, Salud, Economía, Movilidad, Medio Ambiente, Turismo y Seguridad, así como la Contraloría estatal y la Oficina de Comunicación Social del Ejecutivo.

También se solicitó información al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.

Los expedientes legislativos actualmente en etapa de investigación son los identificados con los números 18849/LXXVII, 18859/LXXVII y 16283/LXXVII.