La presidenta de la Comisión Anticorrupción del Congreso del Estado, Armida Serrato Flores, informó que como parte de la investigación derivada del procedimiento de juicio político contra el gobernador Samuel García, se solicitó información a las 163 notarías públicas de Nuevo León para identificar posibles operaciones inmobiliarias relacionadas con el mandatario y su familia.

La legisladora explicó que desde el pasado viernes comenzaron a enviarse oficios a los fedatarios públicos para verificar si existen actos jurídicos sobre bienes inmuebles que aún no aparezcan registrados ante el Instituto Registral y Catastral del Estado.

«Empezamos a enviar el pasado viernes 163 oficios a las notarías del estado de Nuevo León para efecto de poder saber qué propiedades pudo haber obtenido el Gobernador del Estado y su familia y que no haya agotado el proceso de protocolización», señaló.

Serrato Flores indicó que la información de las notarías se sumará a los datos que la Comisión busca obtener de diversas instancias, entre ellas el Gobierno del Estado, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Acusan falta de respuesta de secretarías estatales

La diputada también informó que el plazo para que las dependencias estatales respondieran los requerimientos de información venció el pasado viernes y aseguró que ninguna de las secretarías entregó la documentación solicitada.

Ante ello, adelantó que enviará nuevos oficios de recordatorio y advirtió que los funcionarios que incumplan podrían enfrentar procedimientos de juicio político y responsabilidades administrativas.

«A partir del día de hoy, más tardar mañana, voy a continuar enviándoles recordatorios a los Secretarios de Estado… porque de lo contrario serían sujetos a juicio político y también a responsabilidades administrativas», afirmó.

Serrato Flores cuestionó además un oficio firmado por el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Atención Ciudadana, Héctor Mateos Urbina, mediante el cual, dijo, se pretende centralizar las solicitudes de información dirigidas a las dependencias estatales, pese a que, sostuvo, no cuenta con facultades para ello.

Finalmente, recordó que en otros procedimientos de juicio político las secretarías sí han respondido a los requerimientos de la Comisión Anticorrupción, por lo que aseguró que las diligencias continuarán hasta integrar el expediente correspondiente, proceso que estimó podría concluir en aproximadamente una semana.