Monterrey, N.L. — Ante los casos de fraude y despojo de propiedades registrados en Nuevo León, el diputado local del PRI, Javier Caballero Gaona, presentó dos iniciativas para endurecer las sanciones contra quienes cometan delitos que afecten el patrimonio inmobiliario de las familias.

El presidente de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública del Congreso estatal explicó que las propuestas contemplan modificaciones al Código Penal de Nuevo León y surgieron del trabajo realizado con representantes del Poder Judicial y la Fiscalía estatal.

En materia de fraude, la iniciativa plantea reformar la fracción II del artículo 385 para establecer una sanción de tres a ocho años de prisión, además de una multa de 20 a 100 cuotas, equivalentes actualmente a entre 2 mil 346 y 11 mil 731 pesos.

Caballero explicó que uno de los principales cambios consiste en eliminar la posibilidad de que determinadas conductas de fraude sean castigadas únicamente con una multa.

“Anteriormente era una u otra, el implicado en fraude podía pagar una multa y no tocar la cárcel o podía tocar la cárcel y no pagar una multa porque la ‘o’ sería optativa”, explicó.

Con la modificación, quienes se encuentren dentro del supuesto establecido en esa fracción podrían recibir tanto una pena de prisión como una sanción económica.

Buscan aumentar castigos por despojo de propiedades

La segunda iniciativa está enfocada en el delito de despojo de inmuebles, particularmente en aquellos casos en los que exista participación de servidores públicos, titulares de notarías o personas que utilicen documentos, sellos, bases de datos o sistemas de información para apropiarse ilegalmente de una propiedad.

La propuesta contempla incrementar en una mitad las sanciones cuando se presenten determinadas agravantes.

Entre ellas se considera que la persona responsable sea titular de una notaría; actúe con apoyo o coordinación de alguna agrupación sindical o social; simule actos de autoridad, o utilice información proveniente de padrones de inmuebles en estado de abandono.

También se pretende equiparar al delito de despojo los casos en los que una persona continúe ocupando un inmueble ajeno después de haber sido requerida por una autoridad competente para abandonarlo.

La conducta permanecería bajo esa consideración mientras continúe la ocupación o se impida a la víctima disfrutar materialmente del inmueble, hasta que sea restituida en sus derechos.

Advierten operación de “bandas inmobiliarias”

Caballero Gaona sostuvo que las modificaciones buscan cerrar espacios de actuación a grupos que presuntamente se dedican a apropiarse ilegalmente de terrenos y viviendas.

“En Nuevo León existen bandas inmobiliarias que está muy identificado que en zonas operan grupos que, desde la parte legal o criminales de cuello blanco, se han dedicado a despojar de terrenos a familias que son propietarios legítimos. Por eso estamos haciendo todo este tipo de reformas, buscando que se acote cada vez más este delito”, afirmó.

El legislador anunció que propondrá mesas de trabajo para analizar las iniciativas junto con otras propuestas relacionadas con la problemática de las viviendas abandonadas en Nuevo León.