Monterrey, N.L. — El secretario General de Gobierno de Nuevo León, Miguel Ángel Flores Serna, llamó a abrir un debate nacional sobre la aplicación de castigos más severos para determinados delitos, entre ellos la pena de muerte, cadena perpetua y castración química para agresores sexuales de menores.

El funcionario estatal planteó la discusión tras referirse al caso del músico Jonathan Meléndez, integrante del grupo Camilo Séptimo, quien, de acuerdo con la información difundida por el Gobierno estatal, fue asesinado junto con su esposa embarazada, su hija de seis años y su niñera en el Estado de México.

Flores Serna consideró necesario que autoridades de los diferentes niveles de Gobierno y la ciudadanía participen en una discusión sobre las sanciones aplicables a quienes cometan delitos graves contra la vida e integridad de las personas.

“¿Qué más tiene que pasar a México para que digamos ya basta? Invito a gobernadores, alcaldes, autoridades y a todos los ciudadanos mexicanos a que ya abramos un debate serio sobre la castración química a violadores de niños, sobre la pena de muerte y sobre cadena perpetua a este tipo de monstruos”, expresó.

Pide revisar sanciones para delitos graves

El secretario General de Gobierno sostuvo que endurecer las penas podría fortalecer las herramientas con las que cuentan las autoridades para combatir delitos graves y evitar, según afirmó, que responsables de homicidios aprovechen vacíos legales para reducir sus sentencias.

Flores Serna recordó que en Nuevo León se han promovido modificaciones al Código Penal dirigidas a incrementar las sanciones por delitos considerados de alto impacto social, particularmente aquellos cometidos contra niñas, niños y adolescentes.

“Muchas de esas propuestas nacieron de escuchar historias que indignan. Hay quienes se incomodan cuando se habla de mano dura, pero más debería incomodarnos que existan agresores que destruyen la vida de un niño y después vuelven a caminar por la calle como si nada hubiera pasado”, sostuvo.

El planteamiento del funcionario busca colocar en la discusión pública la posibilidad de modificar las sanciones para determinados delitos, aunque cualquier cambio de esta naturaleza requeriría el correspondiente análisis y proceso legislativo.