Monterrey, NL.— El Consejo Binacional Fuerza Migrante presentó ante el Congreso del Estado una petición para que se reconozca el derecho al voto de miles de nuevoleoneses que residen en el extranjero, al considerar que su participación política es clave para el desarrollo democrático de la entidad.

Durante el doceavo foro de Migración convocado por el Poder Legislativo, el abogado e investigador en temas sociales, Luis Lauro Herrera, subrayó la importancia de que quienes emigraron por diversas circunstancias puedan involucrarse en la vida política y civil de Nuevo León.

El también regidor de Morena en el Cabildo de García afirmó que las y los diputados locales cuentan con la facultad de impulsar una reforma electoral que garantice a la comunidad migrante la posibilidad de elegir a las autoridades locales.

“Están en posibilidades de hacer una reforma electoral que permita reconocer los derechos de la comunidad migrante”, expresó.

Herrera dio lectura al posicionamiento del Consejo Binacional Fuerza Migrante, organización con más de 20 años de trayectoria en la defensa y promoción de los derechos sociales, políticos, culturales y económicos de mexicanos residentes en el extranjero. A nombre de su presidente fundador, Jaime Lucero, y del secretario general, Avelino Meza, reconoció la apertura del Congreso local para dialogar sobre el tema y valorar el esfuerzo de las personas migrantes en el desarrollo del estado.

Al referirse a los derechos político-electorales de los nuevoleoneses que viven fuera del estado y del país, consideró prioritario legislar en la materia, al destacar que la aportación de esta población va más allá del envío de remesas e incluye inversiones, transferencia de conocimiento, redes empresariales e innovación.

Recordó que durante el proceso electoral 2023–2024, Fuerza Migrante promovió acciones afirmativas para garantizar la representación política de personas originarias de Nuevo León residentes en el extranjero, lo que fue reconocido tanto por el Tribunal Electoral como por el Instituto Electoral del Estado, aunque su implementación se pospuso para el proceso de 2027.

Finalmente, planteó dos rutas: emitir acciones afirmativas formales en 2027 para asegurar representación migrante en el Congreso local y, de manera estructural, legislar para que estos derechos queden establecidos en la ley o incluso en la Constitución local.

“No se trata de privilegios, sino de igualdad de derechos, reconocimiento y justicia democrática”, concluyó.