Monterrey, Nuevo León. – Los diputados locales Javier Caballero Gaona y Carlos de la Fuente Flores presentaron una iniciativa de reforma a la Ley de Hacienda del Estado para evitar que Agua y Drenaje de Monterrey continúe pagando el denominado “impuesto verde” al Gobierno estatal.

Caballero Gaona, representante del Congreso ante el Consejo de Administración de la paraestatal, explicó que durante 2025 el organismo erogó 1,300 millones de pesos por este concepto, monto que —aseguró— impacta directamente en su situación financiera.

“Acabamos de presentar una iniciativa que reforma a la Ley de Hacienda al ver que se vuelve a pagar este impuesto verde en el 2025 por parte de Agua y Drenaje, para que los organismos paraestatales, que su ley así lo marca, no deben de pagar estos impuestos verdes”, señaló.

Por su parte, el coordinador del Grupo Legislativo del PAN sostuvo que, en los cuatro años de la actual administración encabezada por Samuel Alejandro García Sepúlveda, la paraestatal ha destinado cerca de 4 mil millones de pesos al pago de este gravamen, afectando su estabilidad financiera y su capacidad para atender la crisis de drenaje sanitario en el estado.

“En este momento lo que estamos planteando es evitar que el gobierno central de Samuel García siga quebrando la paraestatal”, afirmó De la Fuente Flores, al considerar que el recurso podría destinarse a mejorar la infraestructura.

La propuesta legislativa plantea adicionar un tercer párrafo a los artículos 125, 131 y 137 de la Ley de Hacienda del Estado, para establecer expresamente que las instituciones u organismos públicos descentralizados o autónomos exentos por ley del pago de impuestos federales o estatales no estén obligados a cubrir los gravámenes contemplados en dichos artículos.

Caballero Gaona agregó que el Consejo de Administración ha recomendado en diversas ocasiones suspender el pago hasta agotar las instancias legales correspondientes, al considerar que no le corresponde a la paraestatal cubrir ese impuesto.

Finalmente, los legisladores solicitaron a la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León revisar a fondo, dentro de la cuenta pública 2025, la legalidad de los pagos realizados y determinar, en su caso, las responsabilidades correspondientes.