Monterrey, N.L. — El Congreso de Nuevo León aprobó solicitar a la Auditoría Superior del Estado y a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción investigar si Ulises Carlín incurrió en alguna falta administrativa o delito por desempeñar dos funciones dentro del Gobierno estatal.

El Punto de Acuerdo fue presentado durante la sesión ordinaria de este martes por el coordinador de los diputados locales del PAN, Carlos de la Fuente Flores, y posteriormente aprobado por mayoría con 29 votos a favor y nueve en contra.

El legislador señaló que se recabó información sobre la actuación de Carlín como encargado del despacho de la Tesorería estatal y consejero jurídico del gobernador Samuel García, con el objetivo de determinar si existe alguna incompatibilidad entre ambas responsabilidades.

“Había indicios de que había esta doble función del Tesorero como encargado del despacho y como consejero jurídico del Gobernador, estábamos recabando información porque teníamos que revisar qué se ha presentado aquí y en otras instancias en ambas figuras”, explicó.

Piden determinar si existen faltas administrativas o delitos

De la Fuente sostuvo que la documentación recabada será puesta a disposición de las autoridades correspondientes para que sean estas las que determinen si existe alguna irregularidad.

El diputado afirmó que la Auditoría Superior deberá analizar la posible existencia de faltas administrativas, mientras que la Fiscalía Anticorrupción tendrá que determinar si los hechos pudieran constituir algún delito.

“En los primeros ocho meses del año el señor ha traído ‘dos cachuchas’ y la Constitución de Nuevo León no lo permite. Entonces, lo que estamos pidiendo tanto a la Auditoría Superior del Estado y a la Fiscalía Anticorrupción es que determinen si ha incurrido en faltas administrativas y delitos; ya será la autoridad la que lo determine”, expresó.

La aprobación del exhorto no implica que se haya determinado la existencia de una irregularidad o responsabilidad, sino que solicita a las autoridades competentes revisar las funciones desempeñadas por el funcionario y resolver, dentro de sus atribuciones, si existe alguna conducta sancionable.