Monterrey, Nuevo León.– Con el objetivo de evitar afectaciones económicas adicionales a las familias, el coordinador de la bancada del PRI en el Congreso local, Heriberto Treviño Cantú, presentó una iniciativa de reforma para que los vehículos asegurados en operativos antialcohol no sean enviados automáticamente al corralón cuando exista un familiar o persona de confianza en condiciones de hacerse cargo de la unidad.

La propuesta plantea modificaciones a la Ley de Movilidad Sostenible, de Accesibilidad y Seguridad Vial, con el fin de permitir que una persona distinta al conductor, que cuente con licencia vigente y se encuentre apta para manejar, pueda retirar el vehículo en los términos que establezcan los reglamentos municipales.

Treviño Cantú explicó que la iniciativa se sustenta en criterios emitidos por el Poder Judicial Federal, particularmente en una jurisprudencia del Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que establece que la retención del vehículo pierde su finalidad preventiva una vez que cesa el riesgo derivado de la conducción en estado de ebriedad.

El legislador aclaró que la propuesta no busca eliminar ni reducir las sanciones contra quienes conduzcan bajo los efectos del alcohol, sino evitar costos adicionales relacionados con el arrastre y resguardo de las unidades en los corralones.

“Respaldo los operativos antialcohol porque evitan que una persona alcoholizada siga conduciendo y ponga en riesgo su vida y la de terceros, pero una vez que la autoridad cumple con ese objetivo, no existe razón para generar gastos adicionales a las familias cuando una persona responsable puede hacerse cargo del vehículo”, señaló.

El coordinador priista destacó que municipios como Apodaca y San Pedro ya contemplan este mecanismo en sus reglamentos, por lo que consideró necesario elevarlo a rango estatal para homologar el criterio en todo Nuevo León.

Añadió que la reforma al artículo 68 Bis 1 de la ley busca otorgar certeza jurídica a los municipios para implementar medidas equilibradas y congruentes con los principios de seguridad vial y proporcionalidad administrativa.

De ser aprobada, la iniciativa permitiría que los ayuntamientos cuenten con una base legal clara para evitar el traslado obligatorio de vehículos al corralón en aquellos casos donde el riesgo vial haya sido eliminado y exista una persona facultada para conducir la unidad de manera segura.